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Normativas: Derechos de los ciudadanos a acceder a la información pública

SOLICITAR

información de cualquier órgano del Estado Dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal.

Z

RECIBIR

información completa, veraz, adecuada y oportuna de cualquier órgano del Estado Dominicano y de todas las sociedades anónimas, compañías anónimas o compañías por acciones con participación estatal.

ACCESO

gratuito a la información en tanto que no requiera reproducción de la misma.

SOLICITAR, RECIBIR y DIFUNDIR

informaciones pertenecientes a la administración del Estado.

CONOCER

los proyectos de reglamentos y otras disposiciones de carácter general que rigen las relaciones entre los particulares y la administración.

OBTENER

información sobre los servicios que ofrece el Estado, requisitos costos.

SABER

la estructura, integrantes, normativas de funcionamiento, proyectos, informes de gestión, y bases de datos de la administración pública.

CONOCER

sobre los presupuestos y cálculos de recursos y gastos aprobados, su evolución y estado de ejecución.

TENER

información sobre los programas y proyectos, sus presupuestos, plazos, ejecución y supervisión.

ESTAR AL TANTO

sobre las licitaciones, concursos, compras, gastos y resultados.

ACCEDER

a la nómina del Estado y sus remuneraciones.

CONOCER

la declaración jurada patrimonial de los funcionarios del Estado cuando su presentación corresponda por ley.

RECIBIR

información sobre el listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros.

SABER

sobre el estado de cuentas de la deuda pública, sus vencimientos y pagos.

T

BUSCAR

las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, marcos regulatorios y cualquier tipo de normativa.

i

SOLICITAR Y RECIBIR

oportunamente cualquier tipo de documentación financiera relativa al presupuesto público.

En cumplimiento a la Ley 200-04 y el Decreto 130-05, el acceso a la información se hará efectivo siempre y cuando no afecte la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás.

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